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El Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) es el resultado de un largo proceso de desarrollo político en el MERCOSUR, que tuvo su momento más importante en la XXX Reunión de Jefes de Estados del MERCOSUR y de los Estados Asociados celebrada en Córdoba, en 2006. En esa reunión, los presidentes de los países del bloque encomendaron a los ministros del área social la elaboración de un Plan Estratégico de Acción Social para el bloque.

Este mandato fue asumido por la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social (RMADS) y continuado por la Comisión de Coordinación de Ministerios de Asuntos Sociales (CCMASM). El PEAS debería dar cuenta de esta voluntad política de impulso a la elaboración y ejecución de proyectos regionales, desarrollo de estrategias de identificación, intercambio, difusión de mejores prácticas en el área social y de la necesaria articulación entre los distintos ámbitos institucionales del MERCOSUR encargados de la diversa agenda social del bloque.

La primera versión surgiría como resultado del intenso trabajo técnico desarrollado por la CCMASM durante la Presidencia Pro Tempore de Brasil, en 2010. La versión definitiva surgiría luego de un proceso de consulta entre las diversas instancias institucionales temáticas de la CCMASM, realizado durante la Presidencia Pro Tempore de Paraguay, en 2011. El texto final del PEAS sería aprobado como norma por el Consejo del Mercado Común (CMC) a través de la Decisión 12/11.

El PEAS puede ser definido como un instrumento fundamental para articular y desarrollar acciones específicas, integrales e intersectoriales, orientadas a la consolidación de la dimensión social del MERCOSUR.

Testimonio de ello son los acuerdos alcanzados en los últimos años en materia migratoria, laboral, cultural y social en el MERCOSUR. Éstos constituyen pilares fundamentales del proceso de integración regional y de la plena incorporación de la dimensión social en las acciones impulsadas por el bloque.

El PEAS es un instrumento que involucra a todos los Ministerios y Secretarías con competencia en el campo de las políticas sociales en el MERCOSUR. Actualmente, se compone de 10 ejes, con 26 directrices de acción y 105 objetivos prioritarios.

Los ejes son los siguientes:

Eje I – Erradicar el hambre, la pobreza y combatir las desigualdades sociales;
Eje II – Garantizar los derechos humanos, la asistencia humanitaria e igualdades étnica, racial y de género;
Eje III – Universalización de la salud pública;
Eje IV – Universalizar la educación y erradicar el analfabetismo;
Eje V – Valorizar y promover la diversidad cultural;
Eje VI – Garantizar la inclusión productiva;
Eje VII – Asegurar el acceso al trabajo decente y a los derechos de previsión social;
Eje VIII – Promover la sustentabilidad ambiental;
Eje IX – Asegurar el dialogo social;
Eje X – Establecer mecanismos de cooperación regional para la implementación y financiamiento de políticas sociales.

Este conjunto de ejes, directrices y objetivos prioritarios del PEAS son una referencia ineludible, que permite identificar los acuerdos existentes en el MERCOSUR y los marcos de actuación relacionados con la garantía y protección de los derechos humanos. El PEAS permite ordenar las diversas acciones regionales que se implementan para la garantía de los derechos sociales.

En tal dirección, la propia dinámica del bloque nos ha planteado la necesidad de evaluar al PEAS, tanto en lo que hace a su incorporación como una referencia en cada espacio institucional del MERCOSUR Social, como también en los impactos de sus acciones. De esta manera, podremos prever la incorporación de ajustes y nuevas herramientas que nos exija la realidad actual, permitiendo, así, una aplicación y seguimiento cabal en la ejecución del Plan. El mandato del ISM en relación al PEAS se encuentra claramente plasmado en el eje X, especialmente en la directriz 26:

Fortalecer el Instituto Social del MERCOSUR (ISM) como organismo de apoyo técnico para la ejecución del PEAS.
Objetivos prioritarios:
– Dotar al ISM de instrumentos adecuados para la implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos sociales;
– Promover y consolidar acuerdos y convenios de cooperación con instituciones de investigación de los Estados Partes;
– Viabilizar asociaciones para la implementación de los proyectos sociales previstos.

Asimismo, resulta necesario compatibilizar el contenido del Plan con los avances normativos y programáticos que se han impulsado desde otros espacios. Tal es el caso del Estatuto de Ciudadanía, la Declaración Sociolaboral y el Acuerdo Único Migratorio, importantes marcos normativos del funcionamiento del bloque. La internalización de dicha normativa es un paso relevante para el fortalecimiento institucional y la complementariedad de las agendas de los distintos ámbitos.

Imagen: Divulgación / Presidencia Uruguay